La petición fue realizada por la Mesa Nacional de Cooperativas  Eléctricas ante el INAES. 

Los representantes de la Mesa Nacional de Cooperativas Eléctricas presentaron ante INAES la solicitud de declaración de nulidad de la Resolución INAES 3442/18, en los términos del art. 14 inc. B de la Ley Nacional N°19.549; un paso que busca un camino hacia la legalidad, sin desproteger a los asociados – usuarios de las cooperativas que representan.

La mencionada normativa estableció oportunamente que las cooperativas prestadoras del servicio público de distribución de energía eléctrica debían facturar el servicio de electricidad en forma autónoma e independiente de otros conceptos; una imposición que desde sus inicios contó con el constante reproche del sector, centralmente por la falta de visualización de las diversas realidades locales, sociales y sectoriales.

Según explicaron los cooperativistas al requerir la nulidad de la resolución, esta decisión que se concretó a través del Inaes, impidió que aquellos servicios que voluntariamente eran solicitados por los asociados  (en general aquellos englobados como prestaciones sociales: ambulancia, enfermería, sepelio o banco de sangre), pudieran ser incluidos en una misma factura junto con la energía. Esta medida obligó a incrementar los costos de facturación por parte de las entidades y, además, afectó en parte la continuidad de algunos servicios ya que mucha gente dejó de pagarlos.

Las prestaciones sociales apuntan principalmente a mejorar la calidad de vida de las personas. Mediante la intermediación de las cooperativas, es posible que poblaciones chicas o medianas puedan acceder servicios de sepelio, ambulancia para traslados de pacientes a centros de salud de mayor complejidad, bancos ortopédicos, entre otros, a un valor mensual razonable que de otro modo muchas personas no pudrían afrontar. La facturación desdoblada afectó principalmente estas prestaciones que ayudan a sostener la calidad de vida.

En base a esta experiencia, la Mesa Nacional de Cooperativas Eléctricas ha solicitado al presidente del organismo, Mario Cafiero, la nulidad de la resolución 3442/18 que restringe los derechos de los asociados.