03
jul
2020
Pandemia y servicios esenciales: la situación inestable de las cooperativas
Frente a la crisis económica, el Gobierno autorizó medidas extraordinarias para el pago de estas prestaciones en el caso de algunos grupos sociales. Sin embargo, los organismos proveedores de los mismos se ven desprotegidas y crece la incertidumbre.
En el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio como consecuencia de la pandemia del Covid-19, el país enfrenta una situación drástica, tanto en el contexto sanitario como también en el económico y social. La realidad que se presenta afecta directamente al sector productivo en general y a cada individuo en particular.
En este contexto, las cooperativas de servicios públicos se ven obligadas a garantizar las prestaciones que necesitan sus comunidades, ya que se fundaron con esa misión. En la mayoría de los casos, su labor forma parte de las demandas esenciales de los habitantes, y trabajan en pos de una mejora vecinal. “Así lo hacemos en nuestra provincia de Córdoba, en más de 300 pequeñas localidades, brindando electricidad, agua, telefonía, Internet, educación, salud y todo aquello que mejora la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos”, expresan desde el Comité Ejecutivo de la Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (Fecescor).
La institución manifiesta orgullo por el trabajo realizado continuamente desde hace años, que asegura realizar con eficiencia y gran compromiso social: “desde hace generaciones, cientos de dirigentes anónimos se ponen al hombro la responsabilidad de gestionar estas empresas de la economía social sin recibir a cambio retribución acorde”, afirman los representantes. En relación con esto sostienen que desde sus comienzos las cooperativas han sido socias naturales del Estado, y que cada una agrupa sus esfuerzos para cumplir con las tareas encomendadas, aún en estos momentos de incertidumbre, en los que ahora y más que nunca buscan poner en práctica los valores y principios que las sostienen.
Sin embargo, desde la federación entienden que su socio natural, el Estado, los ha olvidado en el momento en que más necesitaban apoyo como institución social. “Ese Estado, que hoy nos encomienda la obligación de prestar los servicios esenciales sin la obligación de pago por parte de nuestros usuarios, nos priva de la ayuda que sí le ha otorgado a las empresas privadas”, reclaman sus dirigentes. De la misma manera, agregan que es una decisión que conlleva un despropósito, ya que generará problemas por las moras en aumento, que van incrementándose a cada mes, cumpliendo ya tres meses de intereses sumados por falta de pago. Esto no sólo significará un problema para el usuario común, sino también para los municipios, cuyo atraso en el abono del servicio del alumbrado público llega a cifras preocupantes.
Como consecuencia de eso, desde Fecescor sostienen que muchas de sus cooperativas han tenido que recurrir al crédito bancario para afrontar el pago de salarios, además de posponer los compromisos con sus proveedores, fundamentalmente con el más importante: Epec. El Comité estima que este panorama establece un resultado exactamente opuesto del que pretendía el Gobierno con el decreto presidencial original, en el que se priorizaba la prestación de los servicios esenciales.
La institución explica que las cooperativas se enfrentan a un estado de incertidumbre preocupante, ya que no tienen precisiones sobre cuándo deben cobrar, a quiénes, con qué interés, en qué tiempo y quién aportará los recursos, entre otras dudas frecuentes. Además, afirman que el universo de beneficiarios dispuesto por el decreto 311/20 todavía no se ha resuelto plenamente. Sumada a esta situación, la Federación expresa que en los últimos días se agregó la inquietud del nuevo decreto (543/20), que busca prorrogar seis meses más la posibilidad de no pagar las facturas de los servicios que brindan las organizaciones de servicios esenciales, disponiendo la financiación obligatoria de las deudas que se generen sin precisar de donde saldrán los recursos para hacer frente a esta disposición.
La organización también expresa tener conflictos con los trabajadores de sus cooperativas que reclaman aumento salarial en el Ministerio de Trabajo de la provincia, y cuyos reclamos les resultan imposibles de cumplir en estas condiciones, lo que estiman que dará lugar a situaciones de mayor inestabilidad que pondrán en riesgo la normal prestación de los servicios.
Con el congelamiento dispuesto por el Gobierno como ayuda a los sectores más castigados, situación que no se sabe hasta cuándo se encontrará vigente, los dirigentes de Fecescor afirman que es necesario que la comunidad comprenda que el sector cooperativo en estas condiciones no tiene posibilidades de acceder a la recomposición tarifaria, y sin ella, se agravaría la situación de crisis financiera de sus asociadas. “Es por eso que solicitamos se nos concedan las mismas ayudas que a las empresas del sector privado con fines de lucro. No solicitamos privilegios, sólo reclamamos decisiones políticas implementadas con criterios justos”, exigen desde la organización.
Fuente La Voz del Interior